Justicia transicional detiene a Nicolás Maduro


Hoy parece lejano un cambio de gobierno en Venezuela. Pese a la cercanía de los comicios presidenciales, y la creciente crisis generalizada que azota a la nación petrolera desde la asunción de Nicolás Maduro al poder, la compleja situación política del país dificulta la tan aclamada transición que podría ayudar a mejorar los problemas venezolanos.

Y es que el dominio del mandatario chavista sobre los poderes Judicial y Electoral le ha dado una suerte de “legitimidad” a sus acciones, tras utilizar al primero para maniatar al Parlamento mayoritariamente opositor, mediante acciones legales que otorgaron atribuciones legislativas al Tribunal Supremo (TSJ) y al propio Presidente; y al segundo para hacerse con la jefatura de la mayoría de las alcaldías y gobernaciones de la nación, así como para instaurar una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) 100% oficialista a través de comicios poco transparentes o manchados por tintes de ilegitimidad.

A ello se une el visible respaldo de la Fuerza Armada Nacional (FAN) al Ejecutivo. Apoyo ganado, entre otras cosas, por la cuota de mando que Maduro ha sabido darle al cuerpo castrense mediante la entrega de sectores tan importantes como el energético y la alimentación y que ha ayudado a reprimir con fuego y sangre cada intento de alzamiento popular en contra del régimen

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Todo esto ha contribuido a que el jefe de Estado venezolano forjase una base “sólida” con la que se ha sostenido al frente de un país totalmente agrietado por un coctel de problemas socioeconómicos.

Un poder necesario

No obstante, los esfuerzos de Maduro y su administración por continuar gobernando parecen ir más allá del empeño por imponer un sistema socialista en Venezuela y/o prolongar el legado del fallecido expresidente Hugo Chávez, “comandante eterno” y líder da la llamada revolución bolivariana.

El más reciente reporte sobre Estrategia Internacional para el Control de los Narcóticos (INCSR) del Departamento de Estado estadounidense podría dar un claro vistazo sobre las motivaciones del régimen para seguir llevando las riendas del territorio.

“El Gobierno venezolano a menudo fue cómplice de la corrupción desenfrenada del país y realizó esfuerzos mínimos para procesar a funcionarios corruptos o presuntos narcotraficantes”, dice el texto, tras señalar que “la corrupción es un problema importante en Venezuela que permite a las organizaciones de narcotráfico mover y contrabandear drogas ilegales”.

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Y estas acusaciones realizadas directamente desde la Casa Blanca no son nuevas. Los presuntos vínculos de las autoridades chavistas con el narcotráfico son de larga data e incluyen a nombres tan influyentes del oficialismo venezolano como el propio vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, o el constituyente y número dos del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello.  

Además, sobre miembros del Ejecutivo también pesan denuncias por posibles lazos con células terroristas islámicas como Hezbollah y otras organizaciones criminales de la región, como las guerrillas colombianas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la extinta Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia (Farc). 

Estos delitos, junto a las acusaciones por corrupción y violaciones de derechos humanos dentro del territorio venezolano, incrementan a sobremanera los ya elevados costos de salida del Gobierno de Maduro.

Cabello y El Aissami son señalados internacionalmente por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y células terroristas

Las dificultades

“El actual oficialismo sabe que su costo de salida es muy elevado porque puede implicar sanciones de todo tipo, dentro y fuera de las fronteras, y que lo único que lo protege es mantener el poder”, explica a TRIANGULANDO el politólogo y profesor asociado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) Luis Salamanca.

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Por ello difícilmente pueda esperarse una renuncia del mandatario y su gabinete, o tan siquiera una victoria electoral de la oposición mediante comicios legítimos y transparente, que dé paso a la transición en el país. Hecho que da lugar a que las negociaciones entre oficialismo y oposición sean el único camino para un cambio pacífico de mando en la nación.

Pero, el problema es que al haber “roto” las vías constitucionales, Maduro ha entrado en el terreno de la lucha de facto donde los actores utilizan el poder que tienen, “lo que hace pensar que el cambio no será por una negociación, sino a través de otras vías”, señala el experto.

Incluso, a su juicio, para que el país petrolero entre en un verdadero proceso de conversaciones que lleve a la transición debe presentarse un escenario en el que el Ejecutivo se vea sin margen de maniobra para continuar al frente de la nación. Debido a que, por lo general, los gobiernos similares al de Caracas no negocian cuando sienten que todavía tienen posibilidades de sostener el mando.

Mesa de diálogo instalada en Venezuela tras las protestas violentas del 2014

Además, históricamente, el propio chavismo ha demostrado poca capacidad de diálogo.

“En el caso concreto de los chavistas, no son negociadores. Desconocen por completo a la oposición y sienten que están bien fundamentadas sus bases en el poder militar”, enfatiza Salamanca.

Las palabras del politólogo venezolano se sustentan en los últimos 19 años de régimen chavista, en los que el oficialismo se ha dedicado a “patear la mesa de diálogo” en cada intento de acercamiento entre oposición y gobierno. Tal como ocurrió recientemente cuando la ANC “profundamente chavista” llamó a adelantar las elecciones presidenciales para finales del primer cuatrimestre de este 2018, aun cuando en las negociaciones que se llevaban a cabo en República Dominicana se planteaba dejarlas para finales de año. 

“Una negociación solo será posible en Venezuela cuando Maduro pierda el sostén interno, no tenga en qué apoyarse y no tenga el respaldo de las fuerzas que le dan el poder”, recalca.

Y todo indica que es así. Las pocas veces que el régimen chavista ha mostrado “aptitudes” para el diálogo han sido durante los momentos de mayor dificultad para su administración. Como en 2014, cuando el Presidente llamó a “la paz” luego de una serie de protestas iniciadas en el país por los altos índices de escasez e inseguridad, detonadas por la muerte de la ex Miss Venezuela Mónica Spear a manos del hampa; o en 2016, tras la derrota electoral que le propinó la oposición en los comicios legislativos de diciembre de 2015.

“Incluso, así pasó con Chávez cuando en 2002 no logró el apoyo militar y llegó a salir del gobierno por unas horas. Y aunque los enredos que se produjeron en quienes lo habían hecho renunciar llevaron al traste a esa salida, provocando su regreso, lo cierto es que volvió más abierto a conversar con las voces disidentes. Pero perdió esa apertura cuando se sintió nuevamente sólido en el poder. Lo que demuestra que los chavistas no negocian con nadie cuando se sienten protegidos”, apunta Salamanca.

Sin embargo, la actual actitud de Maduro podría perjudicarle a futuro durante una situación “in extremis” en la que sus posibilidades para negociar se verían reducidas a su mínima expresión.

“Para que Maduro haga una transacción para salir del gobierno pidiendo garantías tendría que hacerlo en condiciones de no emergencia, porque si se le agotan las posibilidades tiene que entregar el poder”, ya que la justicia transicional solo es posible en situación que no sean de última hora, expone el politólogo.

Por eso, alega que para el mandatario venezolano era mucho más conveniente negociar en el momento en que había menos malestar acumulado en la sociedad. “Entonces su capacidad de negociación era más amplia por el interés de una de las partes de que saliera del gobierno, estando dispuesto a ofrecer el mayor número de garantías para que se fuera. Algo que el jefe de Estado pudo aprovechar para pedir mucho más”, agrega.

Nuevo intento de negociaciones entre el Gobierno de Maduro y la oposición luego de la derrota electoral del oficialismo en las legislativa de 2015

Lo que se pudiera negociar

En todo caso, para poder prever las clases de peticiones que eventualmente harían Maduro y sus aliados durante una mesa de diálogo para la transición, es necesario comprender que la situación que priva en Venezuela en la actualidad es la de una nación sumergida en la guerra.

“Desde el punto de vista de los indicadores socioeconómicos y sociopolíticos se pudiera pensar que el país está en guerra. Los niveles de hambre, desnutrición y escasez son similares a los de naciones en guerra o en situación de postguerra, aunque no haya un conflicto bélico como tal”, menciona a TRIANGULANDO el doctor en ciencias políticas y responsable de la especialización de opinión pública y comunicación política de la Universidad Simón Bolívar (USB), Daniel Varnagy.

De allí que el mayor interés del presidente venezolano de turno y sus aliados posiblemente esté en salir ilesos de la justicia dentro y fuera de la nación.

No obstante, las presuntas vinculaciones con células terroristas y el narcotráfico podrían dificultar unas eventuales negociaciones para la transición, debido a que si Venezuela entra en un concierto de naciones los funcionarios acusados serían apresados al salir del país por la gravedad de estos delitos a los ojos de la comunidad internacional, sentencia Varnagy.

“Eso explica parte de lo que sucede ahora en Venezuela. Por ello la negociación tiene que ser triangular, es decir, entre los que tienen el poder, los que lo quieren y una o varias naciones dispuestos a acoger a estos funcionarios indefinidamente”, añade.

De hecho, para el analista, es precisamente esto lo que le da tanta importancia al manejo internacional de la crisis venezolana. A fin de cuentas, ya lo ha advertido la propia presidenta de la ANC oficialista, Delcy Rodríguez, el chavismo “nunca” entregará el poder.

“Las personas piensan que la mediación de países extranjeros tienen que ver con una intervención, pero realmente la mejor solución no está en una salida armada sino en la garantía que se les puedan dar a estas personas que integran el gobierno de poderse exilar en territorios con principios más tolerantes con estos delitos”, afirma. Por ello, insiste Varnagy, Venezuela necesita ayuda internacional para salir del actual régimen.

Sea así o no, lo único seguro por los momentos es que un acuerdo negociado que podría mejorar la situación de creciente crisis en Venezuela, y que establezca las bases de una paz duradera y estable, pasaría necesariamente por la posibilidad de que se produzca un cambio de gobierno hacia una situación más democrática, en la que quienes abandonan el poder obtengan ciertas garantías mínimas y en donde los militares faciliten el cambio de régimen. Con el agregado de que esa transición sucediera a través de elecciones limpias, justas y competitivas.

Aunque, en las recientes condiciones políticas del país petrolero, eso parece mucho pedir.

Héctor A. Díaz / Caracas / @HecADíaz

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