La Extorsión como control Político


El uso de información comprometedora para obtener ganancias políticas es una práctica conocida en casi todos los países. Hace unas décadas, cierto líder de la mayoría del Senado de los Estados Unidos poseía una especial habilidad para enterarse de los deslices de sus colegas. Si le faltaba algún voto en una moción importante, podía contar un divertido chiste sobre un senador casado que pasaba un fin de semana en Las Vegas en compañía de una amiguita. Mientras todos los demás reían, a uno de los presentes se le atragantaba el café y, súbitamente, cambiaba de criterio en la siguiente votación.

Sin embargo, lo que en otros países es la excepción, en España es más bien la regla con la que el poder, las cúpulas de los partidos, pueden controlar a sus adversarios y, sobre todo, a los afines. El espionaje, la recolección de información comprometedora sobre personajes públicos y la confección de dossiers, son prácticas demasiado extendidas en los círculos del poder. Casi cualquier cargo público puede ser objeto de chantaje, llegado el momento de tomar alguna decisión importante.

Los secretos que te hacen subir también te harán bajar

Así, por ejemplo, la conclusión más extendida en el reciente caso de Cristina Cifuentes es que la expresidenta de la Comunidad de Madrid fue víctima del “fuego amigo” y que todas las informaciones sobre su pasado, que finalmente forzaron su dimisión, no procedían de un inmaculado trabajo periodístico; como suele ser la costumbre, alguien de su propio partido las habría filtrado interesadamente en el momento más propicio. Se trataría de una operación calculada, con un material del que se disponía desde hace años, cuyo fin era forzar un nuevo reparto de poder.

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También se especula que Cifuentes, en su candorosa ingenuidad, había llegado a creer que su posición era suficientemente sólida para optar a suceder a Mariano Rajoy en la dirección del Partido Popular. Por ello, quienes también aspiraban a la sucesión decidieron bajarla del pedestal.

Quienes realmente detentan el poder, son aquellos que poseen los dossiers, la información sensible con la que controlar a los peones del ajedrez político

Cristina Cifuentes olvidó que había escalado posiciones precisamente porque se lo habían permitido y que, en consecuencia, nunca podría trascender su propia naturaleza… ni dejar atrás las faltas del pasado. No era consciente de que los esqueletos en el armario favorecen la escalada en la política pero también, en cualquier momento, pueden precipitar la caída. Porque quienes realmente detentan el poder, son aquellos que poseen los dossiers, la información sensible con la que controlar a los peones del ajedrez político.

La extorsión, una vieja conocida de la política española

Numerosas noticias publicadas en la prensa indican que la recolección de información sensible es una práctica sistemática, que se remonta en España a la instauración de la partitocracia. Así, en los años 90 salieron a la luz grabaciones de conversaciones telefónicas que afectaban a numerosos cargos de partidos, ministros e, incluso, al Rey. Presuntamente, estas grabaciones habían sido encargadas a los servicios secretos por el entonces ministro de defensa.

Todavía más en la línea de “El Padrino“, en 2009, tras una sesión parlamentaria de control al gobierno, el entonces ministro del interior, Alfredo Pérez Rubalcaba se acercó al diputado Carlos Floriano y le espetó: “yo oigo todo lo que dices y veo todo lo que haces“.

Que constantemente asistamos a la difusión de escándalos relacionados con cargos políticos no sólo significaría que la corrupción o las malas artes se encuentren más o menos extendidas; también indica con toda probabilidad que los partidos y los círculos del poder tienen cierta predilección por promover a quienes guardan algún cadáver en su armario. De esta forma, por más poder que acumulen, jamás desobedecerán determinadas reglas informales porque, de hacerlo, sus faltas, cuidadosamente recopiladas y documentadas, podrían salir a la luz.

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Los partidos y los círculos del poder tienen cierta predilección por promover a quienes guardan algún cadáver en su armario

Controlable es aquel que tiene mucho que esconder. Se garantiza así que los partidos o el propio statu quo queden salvaguardados, y nadie, en un arrebato de honradez, levante las alfombras para exponer al público toda la inmundicia.

Esta tesis ayudaría a comprender por qué históricamente se han seleccionado para el ascenso a personajes con perfiles manifiestamente sospechosos. Por ejemplo, el nombramiento como vocal del Consejo General del Poder Judicial del juez Luis Pascual Estevill en los años 90, un personaje del que mucha gente conocía sus sucios manejos antes del nombramiento. Y del que posteriormente se supo que, como Juez, había cometido cohecho, prevaricación, extorsión y detenciones ilegales. ¿Estevill fue promovido a tan algo cargo a pesar de su retorcida conducta o, por el contrario, esta conducta favoreció su nombramiento? Desde luego, quienes manejaban su dossier tenían un poderoso incentivo para nombrarlo: podrían condicionar su voto.

En 2008 se produjo otro nombramiento aparentemente inexplicable. El presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, sorprendió a todos al promover a Carlos Dívar, un juez de perfil manifiestamente conservador, a presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. A primera vista, tal decisión resultaba ideológicamente incompatible. Sin embargo, posteriormente se hizo público que Dívar tenía unas preferencias sexuales que de ningún modo quería que saliesen a la luz, dada su confesión religiosa.

Todo apunta a que la información comprometida también desempeñó un papel crucial en la forzada abdicación del rey Juan Carlos. El monarca se negaba a dejar el trono, pero el conjunto de documentos que probablemente le pusieron encima de la mesa resultó infalible para lograr su renuncia a la Corona en favor de su hijo, Felipe VI. Seguramente, por limitación de espacio, se trató de una mera selección de documentos, no de la colección completa.

El alguacil alguacilado

Durante estas décadas, la acumulación de dossiers e información comprometedora ha dado lugar a anécdotas rocambolescas. Por ejemplo, la que protagonizó el subjefe de los servicios secretos españoles, el coronel Juan Alberto Perote, que sustrajo 1.200 microfichas con información muy comprometida y, según su propia declaración, las entregó al ex financiero caído en desgracia Mario Conde, sin concretar a cambio de qué o cuánto. Según se rumoreó, fue el propio Conde quien entregaba esta información al director del diario El Mundo, Pedro J. Ramírez, quien las publicaba, haciendo pasar por periodismo de investigación lo que no era más que la filtración de papeles de los servicios secretos.

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Los documentos no dejaban en buen lugar a aquellos que, según Conde, habían sido los causantes de su caída. Pero, como donde las dan las toman, los perjudicados por las filtraciones contraatacaron en 1997, grabando de manera oculta un vídeo de contenido sexual del propio Pedro J. Ramírez con el fin de que cesase en estas publicaciones. Como quiera que se negase, lo hicieron circular, siendo muy popular entre los morbosos de esa época.

La extorsión: nuestro polonio 210

Cada país con estructuras de poder cerradas, oligárquicas, tiene su propio sistema para controlar voluntades. Si en Rusia, el disidente puede acabar intoxicado con polonio 210, en España el método para doblegar voluntades es mucho menos cruento y más sutil.

Se llega incluso a tolerar la corrupción de ciertos individuos, a hacer la vista gorda para tomar nota, recabar la información pertinente con la que ejercer presión, chantaje, o en último término airearla si el interesado no se pliega. El procedimiento cobra especial gravedad cuando se trata de doblegar la voluntad de jueces. 

La selección adversa

Este sistema crea un grave problema: favorece la selección perversa de los altos cargos, promueve el nombramiento de aquellos con ocultas manchas en su pasado o vicios inconfesables porque son los más manipulables con la velada amenaza de destape. La conclusión sería muy desoladora: si usted no tiene nada que ocultar, ningún secreto vergonzante, tendrá menos oportunidades de ser nombrado para ciertos puestos. Ningún lastre más pesado para ascender en política que un pasado intachable.

Si usted no tiene nada que ocultar, ningún secreto vergonzante, tendrá menos oportunidades de ser nombrado para ciertos puestos

Hay varios elementos que favorecen en España el mecanismo del chantaje. El primero es el sistema de elección por listas cerradas: los candidatos no concurren a las elecciones individualmente sino tras haber sido incluidos en la lista. Son las cúpulas de los partidos, no los votantes, quienes acaban nombrando a los miembros del parlamento y a los altos cargos.

El segundo es que no resulta difícil obtener la información sensible. Las irregularidades, malas prácticas y corruptelas se encuentran tan extendidas entre la clase política, que no son necesarios largos meses de investigación e interminables seguimientos para descubrir algún asunto inconfesable. Cualquier conversación grabada al azar podría poner al sujeto en una posición bastante incómoda. No se requiere la paciencia de pescador con sedal: una red bien lanzada en cualquier rincón de ese peculiar Mar de los Sargazos sale siempre repleta de lustrosos peces gordos.

El chantaje resulta también bastante eficaz para conseguir resultados prácticos debido a la ausencia de controles y la falta de neutralidad de las instituciones. En España, cualquier decisión forzada tiene bastantes posibilidades de resultar finalmente aceptada, por muy disparatada que sea, al contrario que en un país más serio, donde toda resolución debe someterse a muchos filtros y controles y, en último término, al dictamen de una opinión pública que difícilmente admite decisiones manifiestamente arbitrarias, ilegales o contrarias al buen sentido.

Desconocemos los motivos que impulsaron a la mayoría del Tribunal Constitucional a aprobar la Ley de Violencia de Género pero seguramente acabarán saliendo a la luz

Así se explicaría, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional diera vía libre en 2008 a la controvertida Ley Integral para la Violencia de Género, a pesar de ser evidentemente inconstitucional por quebrantar la igualdad ante la ley. Desconocemos los motivos que impulsaron a la mayoría de sus miembros a votar a favor de la ley, pero seguramente acabarán saliendo a la luz.

Lo más triste de toda esta historia que, muchas personas con capacidades, ideas y propósito de trabajar desinteresadamente por el bien de España, no pudieron alcanzar ningún cargo de responsabilidad precisamente por su intachable pasado. En su lugar, tuvieron que ver como otros sujetos trapaceros, corruptos o de conducta desordenada, ocupaban puestos para los que no estaban cualificados… en ninguno de los sentidos.

Benegas y Blanco / España 

 

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