La Politización de las Instituciones


Prácticamente todas las instituciones públicas españolas que debieran estar gestionadas profesionalmente y ser, por tanto, independientes del Gobierno de turno, están copadas por políticos que en algunos casos excepcionales también son profesionalmente competentes aunque no independientes. Así, cada cambio de signo político en el gobierno se convierte en la evacuación de miles de puestos en las administraciones que dan vida a un fenómeno típicamente español: la cesantía.

La literatura española del XIX está llena de estos personajes, los cesantes, que caídos en la miseria por los avatares de su partido, esperan ansiosamente su retorno al poder y al sueldo correspondiente.

Lo más valioso de ganar las elecciones no es formar el Gobierno, sino tener la posibilidad de nombrar a infinidad de amigos

En otros países también se dan estas situaciones, pero en ningún caso se llega a los extremos que aquí: lo más valioso de ganar las elecciones no es formar el Gobierno, sino tener la posibilidad de nombrar a infinidad de amigos —en muchos casos sin otra cualidad que la cercanía al político que los nombra— para puestos bien remunerados y muy representativos, en sucesivos episodios de nepotismo y simple amiguismo, que constituyen parte –al parecer tristemente indisociable– de la cultura política nacional.

Según el ranking de países afectados por este mal que elabora la OCDE, España, es el segundo país empezando por la cola (que ocupa Turquía) y por debajo de Chile. España, Turquía y Chile son los únicos países desarrollados en los que cuando cambia el gobierno más del 95% de los altos cargos y los medios del Gobierno resultan sustituidos por políticos del partido ganador. En Canadá, Holanda, Japón y Noruega sucede lo contrario: cuando cambia el Gobierno, sólo cambian por políticos menos del 5%.

Esta vergonzosa situación se ve agravada por el hecho histórico de que España cuenta con funcionarios públicos reclutados mediante incuestionables oposiciones que han demostrado siempre –con muy raras excepciones– competencia profesional e independencia política, atributos de los que suelen carecer los políticos de turno que los sustituyen. De hecho, la política se ha convertido creciente y tristemente -aunque por fortuna, no siempre-  en el refugio de personas que no han sido capaces de buscarse una vida mejor en la vida privada. Para los funcionarios de carrera, la llegada de estos “funcionarios sobrevenidos” es un agravio solo compensado cuando estos son cesados, si bien también sucede que en ocasiones los “funcionarios exprés” son transformados en permanentes a través de concursos ad hoc lo que añade aún más agravio a unos colectivos necesitados de respeto y motivación.

El grave problema de la politización de la administraciones públicas se ve agudizado por su extraordinaria expansión a través de las comunidades autónomas

El grave problema de la politización de la administraciones públicas se ve agudizado por su extraordinaria expansión a través de las comunidades autónomas -en las que la politización es aún peor que en el Gobierno del Estado- y sobre todo por el sinfín de instituciones de todo tipo, desde empresas públicas a fundaciones y organismos de cualquier y a veces extravagante naturaleza, convertidos todos ellos en plataformas de colocación de los allegados a la política.

Un reciente y bien conocido ejemplo de las desgracias derivadas de la invasión política de las instituciones ha sido el caso de las cajas de ahorros. Tras siglos de existencia desde su fundación y antes de ser acaparadas por la política, de las sesenta cajas fundadas solo diez perecieron, lo que demuestra una insólita y admirable capacidad de supervivencia, muy superior a la de los bancos privados. El milagro del éxito de las cajas, una de las más brillantes expresiones de la sociedad civil española que, sin una formulación clara de los derechos de propiedad tuvieron una ejemplar trayectoria, acabó en menos de un cuarto de siglo, el tiempo que media entre la Ley 31/1985 que las dejó en manos de los partidos políticos y sus allegados —sindicatos, patronales, etc.— y su práctica desaparición como tales, saldándose con una enorme deuda que tardaremos mucho en pagar entre todos.

El caso de Caja Madrid y sus black cards ha sido todo un perfecto y calamitoso ejemplo de las desgracias que se ciernen sobre las instituciones cuando son apropiadas por los políticos y sus amigos. Al cabo de su crisis se supo que su consejo tenía ¡más de ochenta miembros! ¿Habrá habido en EE UU, la patria de las grandes empresas, alguna que haya alcanzado semejante número? ¿Cuántos de ellos tenían cualificación y experiencia para el cargo? ¿Qué principios éticos y morales gobernaban la existencia de las black cards? ¿Con qué rigor profesional se hacían las auditorías internas y externas?

De llevarse a cabo en España la sana práctica del Presupuesto Base Cero, podrían desaparecer una enormidad de organismos públicos y con ellos sus presupuestos económicos y los allegados políticos que se benefician de ellos. Sería una buena manera de comenzar el necesario adelgazamiento y despolitización de un Estado cada vez más insostenible financieramente, de suerte que las instituciones públicas que resultaran imprescindibles quedaran a salvo de la política de turno, para así mejorar nuestra calidad institucional y, por tanto, el funcionamiento de nuestro país.

Debería delimitarse con precisión que puestos de las administraciones públicas requieren personal “de confianza” y cuáles deberían ser ocupados por funcionarios de carrera

Y en todo caso, debería delimitarse con precisión que puestos de las administraciones públicas requieren personal “de confianza” y cuáles deberían ser ocupados por funcionarios de carrera. Es precisamente la indefinición en esta frontera lo que permite ejercer a los partidos políticos una de sus funciones predilectas: favorecer a los amigos, que está en el epicentro de uno de los males mayores de la sociedad española, es decir el amiguismo.

Si los partidos políticos perdiesen la facultad de ser agencias de colocación de amigos y parientes y si para ejercer cargos públicos se requiriese una capacitación técnica específica, la política española cambiaría por completo para bien de la nación.

Una sociedad civil viva y bien vertebrada podría ayudar mucho a los gobiernos a elegir a los mejores para cubrir los puestos de máxima responsabilidad en las instituciones públicas mediante la instauración de comités de expertos de muy reconocida competencia, prestigio profesional y edad avanzada que podrían seleccionar y proponer buenos candidatos para cada ocasión.

Jose Benegas / Madrid

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