Michelle Bachelet: Más que informes, Acciones


Es cierto que Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), no dijo absolutamente nada nuevo respecto al drama actual venezolano. No obstante, lo dijo, y con una fundamentación exhaustiva basada en sus propias experiencias in situ mediante cientos de testimonios procedentes de víctimas a las que se les violaron sus derechos.

Independientemente de los fallos de la Alta Comisionada, entre los que sobresalió su extrema pasividad, amén de haber delegado en el propio régimen chavista la responsabilidad de poner orden en medio del gran caos, cuando dicho caos se ha producido por el propio régimen, hay dos aspectos por lo que sus recientes declaraciones adquieren una especial connotación y que merecen ser comentados.

En primer lugar se trata de alguien que, nos guste o no, tiene un cargo de importancia crucial dentro de una entidad que a pesar de contar entre sus representantes con varios miembros simpatizantes de las tendencias de izquierda, entre los que se encuentra la propia Bachelet, es, al fin de cuentas, una organización que se supone debe desempeñar su rol, y al menos, sus planteamientos han de ser escuchados y no dejados a un lado; algo que acaba de ocurrir a partir de la repercusión internacional que ha tenido el amplio y detallado informe recién presentado por la también expresidenta de Chile.

De ahí que dicho informe, amén de sus duras críticas al desgobierno de Nicolás Maduro, al que llamó públicamente régimen, constituye un duro golpe para el sanguinario dictador, quien a las pocas horas de la presentación pública del informe reventó de cólera y ordenó a sus emisarios que dijeran que se trataba de una visión distorsionada de los hechos, algo a lo que ya el gobierno comunista de Cuba dio su visto bueno con varias publicaciones hechas por encargo del Partido Comunista, sin olvidar que en los últimos días, la radio y la televisión oficialista han dado su personalísima versión del suceso, llamando a la Bachelet –ahora declarada enemiga por el castrismo– mentirosa y parcializada.

Michelle Bachelet

En el documento publicado el 4 de julio, un día antes de lo previsto inicialmente, se explica que en los últimos años, y muy especialmente desde el 2016, el régimen de Nicolás Maduro se ha pronunciado mediante acciones encaminadas a “neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”.

Enfatizó en que su informe está limitado a resaltar la situación de los derechos humanos, independientemente de cualquier pretensión política, geopolítica o de relaciones internacionales. Sin embargo, no puede hacerse referencia al tema de violación de derechos humanos estando apartados de la política, y mucho menos tratándose de Venezuela, nación en la que las graves violaciones están determinadas por la existencia de un régimen dictatorial que, además, ha conducido a la otrora próspera nación a la peor situación económica y crisis humanitaria del continente.

De modo que de nada vale el preámbulo aparentemente apolítico de la Bachelet toda vez que resulta imposible dejar a un lado la influencia incisiva de la política en relación con la grave crisis por la que atraviesa Venezuela, lo que alguien como la Alta Comisionada conoce muy de cerca pues sus dos mandatos presidenciales en Chile le ofrecieron una vasta experiencia para llegar a entender a plenitud la idea de que no puede excluirse lo político – y aquí, como es lógico, queda implícita la participación directa de los gobiernos y sus instituciones– de todo aquello que guarde relación con el tema de las violaciones de los derechos humanos. La frase asumida anteriormente de su informe contradice un tanto sus explicaciones al respecto, por cuanto se refiere a la represión y criminalización de los sectores de la oposición por parte del gobierno, al que, repito para enfatizar, llamó régimen.

No obstante, fue enérgica al denunciar una serie de aspectos que pretendo resumir en los siguientes puntos, sin que por el hecho de haber excluido otros, por no extender demasiado este comentario, le reste importancia:

1. Situación sanitaria y nutricional. En la amplia Introducción el informe precisa que “la población venezolana está afrontando muy diversas e interrelacionadas violaciones de sus derechos económicos y sociales”, lo que repercute sobremanera en la grave situación de la alimentación y de la salud del pueblo venezolano.

En el acápite dedicado a la alimentación, según la información verificada por la ACNUDH, existen violaciones al derecho a la alimentación, incluida la obligación del Estado para garantizar que la población no padezca hambre. En este sentido responsabilizó al desgobierno madurista, por cuanto “no ha demostrado que ha utilizado todos los recursos disponibles para garantizar la realización progresiva del derecho a la alimentación”.

Sus testimonios recogidos dan prueba de que una parte considerable de la población solo puede realizar una comida al día, y en ocasiones dos, amén de la ausencia de proteínas y de alimentos fuentes de vitaminas en la dieta. Las mujeres, como jefas de familia o encargadas principales –la investigación se realizó con enfoque de género, por lo que se hace especial énfasis en las condiciones de las mujeres y niñas–, permanecen por más de 10 horas en

largas filas para poder adquirir lo mínimo para el sustento de sus hijos, y lo peor, que se reportaron casos en los que se practicó sexo a cambio de comida.

De acuerdo con el informe: “El Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura reportó que 3.7 millones de venezolanos/as se encuentran en estado de desnutrición y la ONG Caritas confirmó particularmente altos niveles de desnutrición entre niños/as y mujeres embarazadas”.

Por otra parte, la situación de la salubridad es crítica. La reaparición de enfermedades infecto-contagiosas como el sarampión y la difteria han reemergido ante el fallo preventivo a través de la vacunación. Igualmente hizo énfasis en la muerte de 1,557 personas por falta de insumos en los hospitales entre noviembre de 2018 y febrero de 2019, lo que constituye una responsabilidad de los gobiernos, y que la ACNUDH resumió en su informe como: “Violaciones al derecho a la salud son resultado del incumplimiento del Gobierno de sus obligaciones fundamentales, las cuales son irrenunciables, aún por motivos económicos”.

2. Represión, prisioneros políticos y muertes. Bachelet se refirió en su extenso informe a una “paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década”, lo que ha sido determinante para el incremento de la represión mediante la agresión directa a los opositores. Según el informe:

“Tanto a fuerzas civiles como militares se les atribuye la responsabilidad de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y a sus familiares, violencia sexual y de género perpetrada durante los períodos de detención y las visitas, y uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones (…) La proporción de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), en el contexto de las operaciones policiales ha sido sorprendentemente elevada”.

Pero donde hace una denuncia enérgica es en el punto 32 referente a Instituciones y medidas de seguridad:

“El aparato de seguridad incluye a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) 26, a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y a sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). La GNB y la PNB han sido responsables del uso excesivo de la fuerza en manifestaciones al menos desde 2014. Las FAES, una unidad de respuesta rápida creada en 2017 para combatir el crimen organizado, han sido presuntamente responsables de numerosas ejecuciones extrajudiciales en operaciones de seguridad, al igual que el CICPC. Los servicios de inteligencia (el SEBIN y la DGCIM) han sido responsables de detenciones arbitrarias, maltratos y tortura de

opositores/as políticos/as y de sus familiares. Los colectivos armados contribuyen a este sistema ejerciendo control social en las comunidades locales, y apoyando a las fuerzas de seguridad en la represión de manifestaciones y de la disidencia”.

3. Libertad de expresión y de pensamiento. La ACNUDH denunció la imposición por parte del régimen de una hegemonía comunicacional, con lo cual impone su propia versión de los hechos, amén de que restringe al extremo los medios de comunicación independientes, sin eludir el cierre de decenas de medios de prensa impresos, así como la clausura de emisoras de radio y televisión.

En su acápite Represión selectiva y persecución por motivos políticos se refirió a la “aplicación de leyes y políticas que han acelerado la erosión del estado de derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas, incluyendo la Asamblea Nacional” – integrada en su mayoría por opositores–.

El segundo aspecto que merece ser comentado, es que por primera vez una personalidad declarada abiertamente de izquierda, con una trayectoria activa como militante del Partido Socialista de Chile, promotora del Socialismo del siglo XXI en América Latina, y expresidenta de una nación en la que se intentó oficializar, aunque muy a su manera, el socialismo, se pronuncia sorprendiendo a muchos que esperaban que la política chilena se aliara al madurismo, o al menos que guardara silencio ante las atrocidades del régimen.

Por suerte, no fue así. Michelle Bachelet, independientemente de haber retrasado demasiado su presencia en Venezuela, el principal foco de violaciones de derechos humanos en el hemisferio occidental, rompió su silencio, y aunque no creo que se trate de la experimentación de un giro radical de su actitud de coqueteo con la derribada izquierda de la región, al menos, por ahora hemos de reconocer que hizo una caracterización detallada de la situación real de la patria de Bolívar bajo las garras del chavismo-madurismo.

Pero hasta ahora no ha pasado de ser una excelente caracterización, y lo que se necesitan son acciones concretas y no excesivas teorizaciones, ni nuevas convocatorias para diálogos, y mucho menos pedir al propio régimen – responsable de la totalidad de los hechos– que se encargue de las investigaciones pertinentes de las violaciones que encontró.

La reciente muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo como consecuencia de las terribles torturas debe demostrarle a la Alta Comisionada que con comunistas asesinos y terroristas no hay nada que dialogar. Este hecho constituye, no solo el punto clímax que demuestra hasta donde llega el chavismo, sino la mayor burla que una dictadura puede hacer a alguien que exigió dar cumplimiento a una serie de medidas encaminadas a erradicar las torturas a prisioneros políticos.

Las caracterizaciones e informes, por muy contundentes que puedan ser, no son suficientes para sacar a Nicolás Maduro del poder. Esperamos por la única opción de las que “están sobre la mesa”, esto es, la intervención militar necesaria para la erradicación del cáncer demoledor del chavismo como única vía de solución al más grave conflicto sociopolítico del hemisferio.

Alberto Roteta Dorado / Tenerife

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